Cuando la piratería intelectual la practican los poderosos

A finales del mes de mayo, la editorial Península lanzó al mercado el libro Pep Guardiola, de Santpedor al banquillo del Camp Nou. Curiosamente, y a pesar de lo que estipula la Ley de la Propiedad Intelectual, en los créditos del libro se puede leer lo siguiente “Traducción: Átona, S.L.”. Lo que sigue es el relato de una nueva vulneración de los derechos de autor. En este caso, sin embargo, no es un particular quien ha infringido esos derechos, quien ha perjudicado a la industria cinematográfica o a la musical, quien, como nos insisten los autores desde los medios, pone en peligro la pervivencia de la cultura o la fuente de ingresos de un creador. En este caso, es la propia industria editorial quien ha decidido vulnerar, con premeditación, alevosía, chulería y amenazas, los derechos de un traductor, algo que lamentablemente no resulta nuevo, como recordarán quienes siguieran hace tiempo el caso entre Montserrat Gurguí y la editorial Urano a propósito del libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, y quienes hayan tenido relaciones laborales con la agencia MTM, aunque en este caso la justicia penal ya se ha pronunciado, y la primera sentencia condenatoria contra ellos ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Verónica Canales contra la agencia MTM Traducciones). En un momento en que el Gobierno pretende introducir reformas en los mecanismos de control y de protección de los derechos de autor, conviene saber que los malos no son siempre los mismos.

Este escrito y la cronología de los hechos no pretende ser el inicio de nada, ni quiero erigirme en mártir de ninguna causa, pero después de llevar años trabajando en el sector de la traducción literaria –no es este el primer atropello que sufro– y tras meses intentando solucionar la situación y de haber sido tratado por el Grup 62 y Planeta con desdén, como el tonto útil para que ellos pudieran llevar a cabo, con la participación del Grupo Godó, una operación comercial que no acabó dando los frutos deseados, creo que tal vez haya llegado el momento de que todos nos quitemos las máscaras y dejemos de culpabilizar y defender siempre a los mismos.

¿Se imaginan la que habría armado la maquinaria publicitaria y propagandística de Planeta y los hilos que habría movido si alguien hubiera decidido poner en circulación de manera ilícita un libro cuyos derechos pertenecen a la editorial?

Ferran Esteve

ferran.esteve.75@gmail.com

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Cronología de los hechos

13 de mayo. Coincidiendo con la final de la Copa del Rey, la agencia de servicios editoriales Átona SL, para la que llevaba años trabajando, se puso en contacto conmigo para ofrecerme un encargo urgente: traducir en 4 días Pep Guardiola, de Santpedor a la banqueta del Camp Nou, la biografía de Pep Guardiola escrita originalmente en catalán por Jaume Collell y publicada por Columna. Evidentemente, se trataba de una operación oportunista por parte de la editorial interesada en la edición ya que, durante los 15 días siguientes a esa fecha, el Barça podía lograr un hito histórico: proclamarse campeón de la Copa del Rey, la Liga y la Liga de Campeones. Acepté el encargo, no sin antes recordarle a la agencia la necesidad de formalizar un contrato. Al cabo de unos minutos recibí una nueva llamada de Átona SL en la que se me comunicaba que se me ofrecía simplemente un contrato a tanto alzado, un tipo de contrato que no contempla royalties pero que se rige por unas condiciones muy concretas: sólo permite una edición de la obra en cuestión y comercializarla por un solo canal de distribución. Acepté el encargo no sin antes recordar las particularidades de dicho contrato y que cualquier nueva edición de la obra solamente sería posible si se volvía a negociar conmigo la cesión de los derechos.

16 de mayo. Por la mañana, descubro sendos anuncios en La Vanguardia y el Mundo Deportivo: a partir del 23 de mayo y durante quince días, en una promoción exclusiva para Catalunya y Baleares, los lectores de ambos periódicos podrán comprar en el quiosco el libro cuya traducción me había sido encargada. Inmediatamente, procedo a ponerme en contacto con la responsable de Átona para comunicarle mi sorpresa ante un detalle que nadie había mencionado hasta entonces: la explotación en quiosco en una promoción asociada a dos medios de comunicación como estos, lo que puede suponer que la tirada se multiplique por 5 o por 10 (a día de hoy, seguimos sin disponer de los correspondientes certificados de tirada de la obra ni de cifras de ventas; según la editorial, se imprimieron, en total, unos 13.000 ejemplares, pero no han aportado documentación que lo pruebe). Según palabras de Silvia Iriso, mi contacto en Átona, tampoco a ellos se les informó de que la traducción fuera para una comercialización en quiosco. Después de exponerle que una situación así invalida el contrato a tanto alzado por cuanto se ha ocultado un dato básico en la negociación y por cuanto existe una desproporción manifiesta entre las cifras de explotación del libro y la remuneración, desproporción manifiesta sancionada por la ley y motivada por una omisión dolosa, coincide conmigo en que hay que renegociar ese punto y que lo tratará el lunes con su contacto en el Grup 62.

18 de mayo. Cumpliendo los plazos exigidos, entrego la traducción y vuelvo a ponerme en contacto con Átona para recordarles la necesidad de renegociar el contrato tras lo descubierto durante el fin de semana. Esa misma mañana, Átona me comunica que lo único que han conseguido es que el contrato ,que tardará todavía varias semanas en llegar, incumpliendo de este modo la obligación recogida en la LPI que establece que, en el momento de poner a la venta el libro, que debe existir un contrato firmado en el que el titular de los derechos de la obra ceda expresamente su trabajo a la editorial, se hará a mi nombre pero no contemplará royalties. Procedo inmediatamente a llamar a Laura del Barrio, la persona del Grup 62 que realizó el encargo a Átona. Tras exponerle los hechos –la ocultación de la comercialización en quiosco y, por lo tanto, la necesidad de renegociar un contrato que contemple estas nuevas circunstancias, amén de la necesidad de firmar el contrato antes de la salida del libro–, me responde diciendo que ella no ha de tratar nada conmigo: el acuerdo ya está cerrado, las circunstancias de publicación no alteran en absoluto dicho acuerdo y ellos no tienen nada que ver en toda esta situación, ya que considera que se trata de un problema entre Átona S.L. y yo. Acto seguido, me cuelga el teléfono.

Al cabo de unos minutos, recibo una llamada de Silvia Iriso en la que me comunica que el Grup 62 le ha comunicado que, a la vista de mi actitud, no se me hará contrato. A la vista de esta situación, decido ponerme en contacto con Mario Sepúlveda, abogado especializado en derechos de autor, para plantearle la situación.

19 de mayo. A media mañana, recibo una nueva llamada de Átona: el Grup 62, para evitarse cualquier problema, ha decidido omitir mi nombre en la página de créditos del libro. Hago saber a Silvia Iriso no sólo que es ilegal lo que pretenden hacer, sino que le prohíbo que ceda mi traducción si el Grup 62 insiste en su postura de no hacerme constar como traductor. Su respuesta es la siguiente: “No puedo hacerlo porque tengo un contrato firmado con ellos y debo cumplirlo, así que tenemos que buscar otra solución”. Le recuerdo que hay una serie de derechos que no se pueden infringir, a pesar del contrato entre ella y el Grup 62 esgrimido, pero se mantiene firme en su postura.

Inmediatamente, y a la vista del cariz que han tomado los acontecimientos, me pongo en contacto con Mario Sepúlveda, que remite un burofax al Grup 62 en el que le advierte de que, si el Grup 62 persiste en su postura —no redacción de un contrato de traducción y omisión del nombre del traductor en los créditos del libro—, estará vulnerando varios artículos de la LPI. Por mi parte, escribo a Átona para comunicarles que, a partir de ese momento, dejo en manos de Mario Sepúlveda todo lo relacionado con ese tema.

Por la tarde, recibo todo tipo de presiones por parte de Átona: insisten en que deponga mi actitud, aduciendo que estoy siendo egoísta, que no estoy pensando en ellas y que mi actitud les va a perjudicar ya que les cerrará las puertas del Grup 62. Le recuerdo que, tiempo atrás, la propia Silvia Iriso me reconoció el trato abusivo que sufríamos los traductores y que no podíamos permitirlo, de modo que mi actitud ahora responde simplemente a lo que me animaron a hacer en su momento. Su presión persiste, retomando el argumento del egoísmo, del perjuicio que mi actitud les causa y añadiendo varios argumentos más: que lo único que me interesa a mí es que aparezca mi nombre en los créditos del libro —algo por otro lado expresamente recogido en la LPI—, que esos cuatro días de trabajo me han reportado unos 1.500 euros y que debería conformarme con esa cantidad y que, aunque tenga razón en mi reivindicación, no van a defenderme ante el Grup 62 para no perder ese contacto.

Esa fue la última conversación que mantuve con Átona. Desde entonces, nuestras únicas comunicaciones han sido por cuestiones meramente administrativas. Curiosamente, a pesar de que hasta ese momento recibía propuestas de trabajo casi constantemente de Átona, a pesar de que no había habido queja alguna de mi labor como traductor, no he vuelto a trabajar para ellos.

23 de mayo. Sale a la venta la edición castellana del libro. En la página de créditos se lee “Traducción: Átona S. L.”

Pocos días más tarde, Mario Sepúlveda remite un nuevo burofax al Grup 62 en el que les comunica que, a pesar de las advertencias realizadas unos días atrás, constata que ha optado por sacar al mercado un libro traducido por su cliente y que la autoría de dicha traducción ha sido atribuida a una persona jurídica, vulnerando de este modo el artículo 1 de la LPI, que reza “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el sólo hecho de su creación”, y el artículo 5, que señala que “se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”, al tiempo que recuerda que el artículo 11 del texto reconoce expresamente el carácter de obra protegida de las traducciones. En su respuesta, Carmen Balagué, abogada del Grup 62, se agarra al mismo argumento esgrimido por Laura del Barrio: que el encargo se hizo a Átona y que, comoquiera que les resulta imposible certificar que el autor de la traducción soy yo, han optado por hacer constar a Átona, una persona jurídica y no natural, como autora de la traducción.

Mario Sepúlveda vuelve a ponerse en contacto con el Grup 62 por burofax al cabo de unos días a la vista de que el Grup 62 guarda silencio y no parece interesado en resolver la situación que se ha creado. Su respuesta no nos llegará hasta principios de septiembre. Una vez más, y después de afirmar que siempre han sido respetuosos con sus autores, reiteran que ellos no han incumplido ningún punto de la LPI y dicen sentirse sorprendidos por mi postura. Aun así, en muestra de buena voluntad, la letrada nos conmina [sic] a una reunión para intentar aclarar toda esta cuestión.

Una vez recibido este burofax, Mario Sepúlveda se pone en contacto con Carmen Balagué. Para su sorpresa, le comunican que ya no trabaja ahí. Habla en esta ocasión con otra persona del departamento jurídico, Eli Bofill, que le confiesa no saber de qué está hablando porque no está al corriente del caso y ni siquiera posee la documentación ni los burofax intercambiados hasta la fecha, pero nos emplaza a hablar al cabo de unos días, cuando haya podido estudiar la documentación, una vez haya dado con ella.

Un mes más tarde, hablamos con el tercer abogado de la editorial en todo este proceso, Gabino Sintes. A la llamada de Mario, responde simplemente con un abrupto: “¿Cuánto queréis?”. Días más tarde, después de haberme reunido con Mario para cuantificar el resarcimiento, le trasladamos nuestra propuesta. Gabino Sintes la recibe con una sonora carcajada, una retahíla de increpaciones y acaba admitiendo no saber de qué libro y de qué situación le estamos hablando.

13 de noviembre. A las 10 de la mañana, asisto, junto con Mario Sepúlveda, a una reunión convocada por el abogado del Grup 62, Gabino Sentis. A la reunión también asiste, en representación de Átona, el abogado Àlex Solà. Tanto el Grup 62 como Átona reconocen haber infringido la Ley de Propiedad Intelectual —a pesar de que, en el primer escrito remitido por los servicios jurídicos del Grup 62 se enorgullecían de respetar siempre los derechos de propiedad intelectual—, no sólo por haber omitido el nombre del traductor de la página de créditos, sino incluso por haber trasladado al ISBN información falsa o incompleta, de modo que la ficha del libro que ahí se podía leer daba a entender que el libro había sido originalmente escrito en castellano (existe un acta notarial de octubre que certifica la omisión en la ficha del ISBN, omisión que en el momento de a día de hoy, 13 de diciembre de 2009, todavía no ha sido corregida, a pesar de que han pasado casi 5 meses desde la aparición del libro), reconocen la necesidad de redactar un contrato y de resarcir de algún modo los derechos morales del traductor —por ejemplo, propone el abogado de Átona, insertando un artículo en los medios de comunicación que participaron en la venta en quiosco que ensalzara la calidad de la traducción, a lo que el abogado del Grup 62 apostilla que en ningún momento cabe la posibilidad de que ese escrito reconozca la situación creada por las decisiones tomadas por la editorial—, por cuanto su actuación ha provocado una invisibilidad adicional a la que ya sufre el traductor en un libro que, por su primera explotación, tuvo una campaña de promoción muy superior a la que es habitual y reconocen que el contrato a tanto alzado que ofrecían inicialmente sólo les permitía hacer la explotación en quiosco y no la explotación en librería, como decidieron hacer y como han seguido haciendo durante todos estos meses. Sin embargo, afirma Gabino Sintes que me corresponde a mí hacer una propuesta para zanjar el tema.

Lo más grave de la reunión no es, sin embargo, la actitud de la editorial, sino la retahíla de amenazas que se profieren contra mi persona durante la misma. Poco después de iniciada la reunión, el propio Gabino Sintes le espeta a Mario Sepúlveda “usted preocúpese del futuro de su cliente, porque esta editorial está participada por dos de los principales grupos editoriales de Catalunya y por la primera institución financiera catalana, y no le conviene jugar con la carrera profesional de su representado”, después de que Mario Sepúlveda les recordara la gravedad del caso y que ya existe una sentencia penal firme por un caso idéntico. Más tarde, la amenaza será un menos sutil “donde las dan las toman”. El abogado de Átona, por su parte, insiste en buscar “soluciones creativas”, no sin retomar de vez en cuando la línea argumentativa expresada por el letrado del Grup 62 —“su representado es un traductor joven, con una trayectoria por delante y me dicen que es un buen traductor, y no conviene que insistamos en encontrar una solución económica que a él no le va a permitir retirarse y que, en cambio, sí que podría perjudicarle en su carrera, aunque no quiero hablar de listas negras”—, y se embarca en un rocambolesco juego de palabras en el que insinúa que mi actitud de “querer enfadar a un grupo editorial tan poderoso” [palabras textuales] me puede resultar contraproducente y tal vez habría que buscar una solución que a mí me permitiera seguir trabajando en el futuro…

Los puntos suspensivos son suyos, pues detiene aquí su argumentación y confía en que todos hayamos entendido el mensaje.

Después de este ejercicio de amenazas veladas, presupuestos y sobreentendidos, la reunión acaba sin más conclusión que a mí me corresponde presentarles una nueva oferta, como si fueran ellos la parte agraviada.

10 de diciembre. Diez días después de que hubiera vencido el plazo que habíamos dado a Grup 62 y a Átona para que nos presentaran su oferta, la recibimos. La propuesta se basa en cuatro puntos:

1 – Compromiso para seguir dándome trabajo

2 – Compromiso para incluir mi nombre en futuras ediciones del libro

3 – Compromiso para corregir la información que figura en la página del ISBN

4 – Una indemnización económica de 4.000 euros.

En caso de aceptar dichas condiciones, invita a mi abogado a redactar el contrato preceptivo, que deberá recoger asimismo mi compromiso a olvidarme de todo lo sucedido.

Esta es la respuesta que remito a Mario para que se la haga llegar a la editorial:

Mario,

Después de pasar por varios estados de ánimo hoy tras recibir tu mensaje, aquí va mi respuesta, que intentaré que sea lo más razonada posible para que, si no tienes inconveniente, se la traslades directamente a la otra parte.

Empieza la propuesta de acuerdo que nos ha llegado con un primer punto que, ya de por sí, no sólo es ofensivo: “Compromiso para seguir proporcionándome trabajo”. Sinceramente, no sé si nos toman por inocentes o por estúpidos, y prefiero no darle muchas más vueltas. De entrada, ¿acaso se está reconociendo con esta medida que había existido alguna orden para no darme más trabajo desde que estalló el caso? Por otro lado, y dejando de lado no sólo que la oferta tal y como está formulada equivale a no decir nada --¿qué volumen de trabajo? ¿en qué plazos? ¿a qué precio? ¿qué contrapartidas recibiré si se incumple este compromiso? ¿sujeto a qué tipo de relación contractual?--, ¿en qué momento planteamos nosotros mi deseo de seguir trabajando para una editorial que se ha reído de la LPI y para una agencia de servicios editoriales que, por boca de sus responsables, dijo que no pensaba defender mis derechos para no pelearse con la editorial a pesar de que llevaba razón en mi queja? Tal vez en el mundo empresarial, como ya nos insinuó el abogado de Átona, este tipo de compra de voluntades sea habitual –cuando menos él mismo dijo que estaba acostumbrado a realizar este tipo de ofertas--, pero hay algo que está por encima de cualquier consideración profesional y es la confianza, la decencia o como queramos llamarlo, y llevo ya el suficiente tiempo en el mundo editorial para saber lo que vale la palabra de los que mandan y los suficientes reveses para dejar que me metan solamente los goles que yo decido dejarme meter. ¿Qué garantías tengo de que no volverá a suceder algo similar y de que no tendré que volver a soportar las amenazas del Gabino Sintes de turno cuando simplemente reclamo lo que por derecho me pertenece, ahora que tan de moda parece que está entre los grandes conglomerados culturales la defensa de la LPI?

Las dos menciones a mi autoría son algo que ni siquiera debería figurar en la oferta, porque debería darse por sentado que, una vez reconocida la ilegalidad que cometieron –a pesar de la negativa reiterada del abogado de Grup 62 a admitir lo que habían hecho--, esas dos medidas deberían estar asumidísimas, más si cabe la del ISBN, que a día de hoy sigue obviándome y cuya corrección no depende de una nueva edición sino simplemente de la buena voluntad de la parte agresora.

Sobre el punto relativo a la indemnización que se me ofrece, ¿qué criterios se han seguido para fijarla? ¿Las ventas del libro? ¿Se me está penalizando a mí por una mala decisión empresarial, por una apuesta que no ha acabado de salir bien, por una promoción que esperaban que fuera mucho más exitosa y ha ocurrido que no se ha vendido? En ese caso, si la cantidad que proponen se basa simplemente en un cálculo a partir de las ventas, para lo cual sería imprescindible que se nos presentaran los correspondientes certificados de tirada de la obra, las ventas al Grupo Godó dentro de la promoción con LV y MD, las devoluciones del Grupo Godó, el stock en el momento de comenzar a hacer la distribución en librería y el stock actual, llamemos a las cosas por su nombre y no hablemos de compensación sino de royalties más un extra “por las molestias que me han causado”. Por otro lado, ¿se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que, a causa de la brutal campaña de promoción de la que se benefició ese libro durante la semana previa a su lanzamiento y las dos semanas durante las cuales el Grupo Godó tuvo la exclusiva, mi nombre podría haber llegado a un número de lectores considerable? ¿Se ha tenido en cuenta el lucro cesante desde que, después de años de colaboración ininterrumpido con Átona, no haya vuelto a ser contratado por ellos? ¿Qué pasa con todo el remanente que sigue en los almacenes? ¿Seguirá comercializándose el libro en el que se omite mi nombre simplemente porque imprimieron más de los que han vendido? ¿No se contempla esa explotación adicional de la obra en la indemnización que se fija?

Me sorprende ver en la propuesta, asimismo, que las “fórmulas imaginativas” para restaurar mi nombre como traductor a las que se había aludido en la reunión y en las que tanto insistió el abogado de Átona parecen haber desaparecido como por arte de birlibirloque. ¿Qué ha pasado con todo lo que se dijo de buscar otros canales de compensación por el comportamiento abusivo demostrado en reiteradas ocasiones durante este tiempo por el Grup 62, habida cuenta de que los derechos morales son difícilmente cuantificables? ¿Qué ha pasado con esa nota, “que en ningún caso será una rectificación”, insistía Gabino Sintes, para ensalzar las cualidades de la traducción? ¿Ya no es digna de encomio la traducción o también he de considerar que el elogio va dentro de esos 4.000 euros (un concepto más, por lo que la indemnización va decreciendo)?

Llegamos al último punto, en el que dicen que, si estoy de acuerdo, hagamos el contrato pertinente y me comprometa a no emprender ninguna acción más en relación con este caso. Que guarde silencio para que no se sepa cómo te llegan a tratar y puedan seguir actuando con esta impunidad sabiendo que las amenazas y los cheques no restañan las heridas pero sí cierran bocas.

De entrada, es curioso que después de que insistieran por activa y por pasiva en que el modelo de contrato tenía que ser a tanto alzado, de que, como dijo Laura del Barrio, las condiciones ya estaban negociados y no había vuelta de hoja, ahora decidan que no, que hay que hacer un nuevo contrato, cuando lo que hay que hacer son dos: uno por la edición en quiosco (que obra ya en poder de Átona), ajustando la remuneración a la tirada real para compensarme por la desproporción manifiesta resultante de la ocultación dolosa de la explotación, y otro por la edición en el resto de formatos, edición para la que a día de hoy siguen sin estar autorizados en virtud de las condiciones que se me plantearon inicialmente, con el consiguiente pago en concepto de compra de la traducción y con la consiguiente negociación del porcentaje de derechos de portada

Evidentemente, después de todas estas explicaciones, imagino que no habrá ninguna duda de que mi respuesta a la oferta que nos han hecho es negativa. No sólo es insuficiente, sino que está redactada en el mismo tono sobrado en el que nos trataron en la reunión, tono que quedó ejemplificado en las amenazas sobre mi futuro. Me pregunto si realmente existe un interés por solucionar el asunto, dado que parece que se han olvidado la mayoría de buenas –y falsas-- palabras de aquella lamentable reunión. Tal vez simplemente deberíamos acoger esta propuesta del mismo modo que ellos acogieron la nuestra: riéndonos y diciéndoles que están locos.